La Justicia correntina investigará a Guastavino y a sus exfuncionarios Francisco Javier Romero (exsecretario de Economía) y Hernán Ricardo Vallejos (exsecretario de Coordinación), tras una denuncia penal por graves delitos de peculado, administración fraudulenta agravada, destrucción y ocultación de documentos públicos y malversación de fondos. Todo ello por un monto que supera los 152 millones de pesos de fondos municipales.
La denuncia fue presentada por el equipo legal de la actual gestión municipal de Mburucuyá, luego de una profunda revisión del estado de situación en la que el intendente Edgar Galarza Florentín recibió el Municipio el 10 de diciembre de 2025 cuando había cesado el mandato de Kelo Guastavino.
Una semana después de la denuncia, el caso revela pruebas documentales que dejan en evidencia la conducta de los exfuncionarios durante sus ocho años de gestión. Se trata de un acta oficial que evidencia presuntos actos de corrupción y destrucción de documentación pública al cierre del mandato de Guastavino. Las confesiones de los exfuncionarios están certificadas por la escribana Graciela Echazarreta, quien participó del acto de transición de gobierno.
El acta de la escribana prueba que el intendente saliente (Guastavino) omitió entregar los registros y documentos obligatorios de inversión de fondos. Al ser consultado sobre el destino de los recursos, el exjefe comunal confirmó la inexistencia de trámites y expedientes y entregó documentación irregular.
Entre otras cosas, consta, textualmente en el acta, ante la pregunta de si los aportes fueron rendidos, que “tomando la palabra Pablo Ezequiel Guastavino muestra y entrega una carpeta de agradecimientos de diversas autoridades y personas por aportes económicos otorgados por la Municipalidad sin rendición de cuentas”.
La certificación notarial también dejó expuesta la desaparición de documentación financiera clave y cheques de la Comuna justo antes del traspaso de mando. El texto del acta oficial detalló que Guastavino hizo entrega de solamente cuatro chequeras con solo un mes de operaciones, entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025.
Ante la escribana pública, Guastavino y su abogado se negaron a entregar las chequeras anteriores y los registros de quienes habrían recibido los pagos de los ocho años de gestión.
El acta judicializada consignó de manera literal que, al requerirse los antecedentes financieros, “el abogado Nicholas A. Podestá, en presencia de Pablo Ezequiel Guastavino manifiesta que los mismos no son documentos públicos y por tal no serán entregados y no fueron conservados”. Esta declaración encendió alarmas de la nueva administración ante lo que podría configurar la ocultación de los verdaderos destinatarios de los pagos.
La denuncia penal ante la Justicia provincial incorporó estas actas como piezas fundamentales para que se investigue y determine el alcance del perjuicio económico contra el Municipio de Mburucuyá. Con estos elementos, la querella buscará demostrar la configuración de los delitos de malversación de caudales públicos por un monto que supera ampliamente los 152 millones de pesos y defraudación a la administración y destrucción u ocultamiento de documentos oficiales.
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