Una concejal de la localidad de Sauce denunció penalmente a la intendente de esa localidad por los supuestos manejos irregulares de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario, hecho que derivó en el allanamiento a la sede municipal y a las oficinas del Concejo Deliberante.
n horas de la mañana de este 19 de junio, el juez de instrucción de la localidad de Curuzú Cuatiá, Martín Vega ordenó allanar la sede del Poder Legislativo sauceño en el contexto de una investigación llevada adelante por la fiscal María Alejandra Talamona, a raíz de una denuncia presentada por la edil Griselda Zajur.
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La concejal (Frente Renovador) acusó a la jefa comunal Irma E. Obregón Torossi, (ECO-Cambiemos) de supuestos "hechos irregulares que afectan las cuentas públicas municipales”, expuso la denunciante ante la Fiscalía de Instrucción de esa jurisdicción.
Esta denuncia alcanza también al auditor municipal, Pablo Ignacio Gauna "en razón de no haber advertido en la órbita de su competencia y como órgano de contralor, las innumerables irregularidades existentes en el manejo de los fondos públicos”, explicó Zajur a NORTE de Corrientes.
La denuncia que se efectuó el día 17 de junio de 2020 ante la Fiscalía de Instrucción y Correccional de la ciudad de Curuzú Cuatiá expone “las irregularidades encontradas y que tienen que ver con órdenes de pago que no están firmadas por beneficiario alguno, o firma persona distinta al que se ordenó el pago; facturas por montos considerables de dinero que la propia intendente municipal certifica como copia fiel de su original, no encontrándose dicho original en los comprobantes de egreso sino esa certificación solamente”.
Denunció además supuestas "compras directas en rubros como combustibles, repuestos, materiales de construcción, sin ningún tipo de concurso de precios, sin Resoluciones respaldatorias de las operatorias que realizaba, solo a modo ilustrativo”.
Como resultado de esta denuncia, la Justicia ordenó a la Policía de Corrientes a realizar un allanamiento con el fin de efectuar el secuestro de los documentos relacionados con la administración de los fondos públicos y que se hallaban en el recinto del Concejo Deliberante.
Esos papeles se encontraban en la sede del Poder Legislativo debido a que se había solicitado la revisión de la administración de fondos por parte del Poder Ejecutivo. “Debido a que fui la única que advirtió estas irregularidades decidí ir a la Justicia”.
Debido a esto el Juzgado de Instrucción ordenó el secuestro de comprobantes de egresos, ingersos, informe de ejecución presupuestaria, informes de auditoría desde julio a diciembre de 2018 y de enero a septiembre de 2019.
“En cumplimento de mi labor como concejal y ante hechos de este tipo he decidido recurrir a la Justicia a fin de que se Investigue la probable comisión de delitos que afectan la administración publica municipal”, remarcó la edil.
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