Con la Ley Nacional Nº 26.026 de 2006 se fijaron políticas como el cumplimiento obligatorio de 180 días de clases, la universalización de la sala de 3 años, la implementación de jornada escolar extendida, el incremento progresivo del presupuesto educativo, entre otras cuestinoes.
Un informe nacional difundido en estos días vuelve a exponer esa realidad que sigue sin cumplirse.
Esa mayor carga horaria escolar, además, sería prioritaria para los alumnos que provienen de zonas de mayor vulnerabilidad. La ley, allá por 2006, exigía un piso de cobertura del 30% en los primeros cuatro años, para alcanzarse el 100% en forma progresiva.
Trece años después, la meta sigue lejos de cumplirse. En este período pasó del 5,5% al 13,9%, según los datos correspondientes al Anuario Educativo de 2018.
La situación relevada por el Centro de Estudios de Educación de la Universidad de Belgrano muestra también la disparidad entre las provincias.
Mientras Tierra del Fuego ostenta el mayor porcentaje de chicos con jornada extendida (78,2% en escuelas públicas y 79,5%, en privadas), seguida por Córdoba que tiene casi la mitad de su servicio público con jornada extendida y el 23,5% en el privado, y Ciudad de Buenos Aires (48,83% y 41,1% respectivamente), en el otro extremo se encuentran Chaco (5,7% de alumnos en el sector estatal y 3,9% en el ámbito privado); y Corrientes (3,9% y 9,6%), por ejemplo.
La jornada escolar extendida, un ambicioso proyecto político, social y pedagógico, fue pensada para ampliar conocimientos y saberes mediante nuevos talleres, como Computación, Arte, Inglés, Música y Deportes.
